La riesgosa tarea de trabajar en tribunales

 

 

En Diciembre del 2007 bajo la Ley 13.795 se decreta la emergencia edilicia en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la cual fue prorrogada durante los años posteriores hasta el 2014, encontrándose actualmente vigente. En esa línea, en el año 2008 en la Ley 14.190 se plasmó un plan de infraestructura que pretendía ser la solución. Estas intenciones demuestran dos cosas, primero que es de público conocimiento el deterioro de las condiciones laborales en las cuales desempeñamos nuestra labor lxs trabajadorxs judiciales, y segundo, que con solamente escribirlo en un papel no alcanza.

Esta última afirmación encuentra su fundamento cuando empezamos a revisar los números presupuestados que impactan en la realidad cotidiana. La Suprema Corte de Justicia publica con cierta regularidad los números correspondientes a la Administración de Justicia. Sin embargo no ocurre lo mismo con la Procuración, en una actitud llamativa por parte de sus autoridades.

En este sentido podemos observar cómo el rubro “Mantenimiento y reparación de edificios y locales” (siempre de la Administración de Justicia) fue descendiendo en los últimos años pasando de un 1,36 % en el año 2006 a un ínfimo 0,07% en este 2019. Estos números no son azarosos si tenemos en cuenta el contexto de ajuste que impulsa el Poder Ejecutivo provincial que ha tomado la decisión de sub ejecutar el 85% de lo presupuestado para “construcciones” de dependencias judiciales. Es decir, no hay dinero para la inauguración de nuevos juzgados, defensorías, fiscalías, etc.

 

Otro dato presupuestario a tener en cuenta es el de la planta de trabajadores. Aquí hubo un incremento en los últimos diez años de un 35 % de ingresos, siendo un paliativo al fuerte aumento de la litigiosidad, pero encontrándose lejos de satisfacer necesidades. Ahora bien, en los últimos tres años, nuevamente no parece ser un dato librado al azar, alineado con el presupuesto la incorporación de personal se encuentra virtualmente congelada. Lo que no se detiene es el ingreso de causas donde en 2018 se contabilizan más de un millón de inicios. El impacto se ve claramente en el fuero de Familia donde el cúmulo de causas creció un 34% en los últimos tres años mientras que la planta de personal se incrementó en un 14%. Con esta paralización de nombramientos no asombra entonces encontrar que el número de vacantes asciende a 2700 puestos de trabajo. En consonancia, podemos mencionar que a mayo de 2019 existen 158 organismos creados por Ley que no se han puesto en funcionamiento. Resulta fundamental arrancar con la actividad de esos organismos a la vez que con el nombramiento del personal necesario garantizando el espacio físico óptimo donde desarrollar sus tareas y no sostener la situación de hacinamiento que observamos en la actualidad.

La Corte, como cabeza del Poder Judicial, ha ensayado reclamos al Poder Ejecutivo en busca de mejorar las partidas presupuestarias. Como decíamos más arriba con el solo hecho de escribirlo en un papel no alcanza. El pedido de autarquía no es una solución en sí misma para los problemas anteriormente descriptos. Es preciso que las autoridades tomen real dimensión de la cotidianeidad de la vida tribunalicia. En tal sentido, resulta poco congruente que se impulsen modificaciones en la organización del trabajo (modificaciones de códigos, leyes, etc.) tendientes a una mejora cuantitativa (más sentencias en el menor tiempo posible) en desmedro de la calidad de Justicia que se pretende brindar a la población. Otra vez pareciera ser que pone en hombros de lxs trabajadorxs el éxito de un plan realizado a medida de intereses que poco tienen que ver con el de las mayorías.

Desde la AJB venimos denunciando cada una de estas irregularidades a tal punto de no sorprender que compañerxs denuncien la caída de techos como ocurrió esta vez en las Fiscalías de Responsabilidad Penal Juvenil 2, 3, y 4 o en el Juzgado Civil y Comercial N° 23 el año pasado, la filtración de humedad que genera problemas en la salud en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, la invasión de ratas en la Secretaria de Apremios, de alacranes en el edificio de Penales y tantas otras denuncias que son canalizadas a través del Sindicato. En todas ellas existe un común denominador en las actitudes que toman quienes se encuentran en representación del sector patronal. Lxs titulares de dependencias no han hecho otra cosa que presionar a trabajadorxs para que no tomen cartas en el asunto, poniendo en riesgo la integridad física de lxs mismxs con la sola intención de que no se atrase la labor cotidiana. Así es como se materializa la intención resultadista de cerrar causas en el menor tiempo posible sin importar las consecuencias de las denuncias realizadas.

Desde la Comisión Directiva Departamental reafirmamos nuestrx acompañamiento, impulso e intervención en las denuncias por mejorar las condiciones laborales en las que nos desenvolvemos día a día. Exigimos la inmediata solución de los problemas edilicios al Ejecutivo Provincial, a la Procuración y a la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que esta última se ha quedado en meras manifestaciones de descontento. Finalmente reafirmamos que es mediante la acción gremial, que tiene como eje principal la construcción colectiva, que obtendremos los resultados esperados. Al fin y al cabo “la fuerza está en lxs trabajadorxs».

 

NdeR: los datos de presupuesto, ingreso de causas, personal y Leyes mencionados en la nota son brindados por el Centro de Investigación y Formación de la AJB.

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