¿Trabajar en el Poder Judicial es un privilegio?

Históricamente desde los medios de comunicación se ha alimentado un rumor social que indica que quienes desempeñamos tareas en el Poder Judicial somos trabajadorxs privilegiadxs. Esta es la primer respuesta que solemos tener ante cualquier reclamo sectorial que tiene como fin la defensa de derechos laborales y no, como maliciosamente suele señalarse, la de conservar privilegios. Si bien esta discusión requiere un planteo de fondo, como preguntarse si existe la posibilidad que dentro de un sistema capitalista un/a laburante pueda ser privelegiadx, intentaremos en este artículo contrarrestar con datos “duros” aquellas afirmaciones que suelen decirse con cierta ligereza.

El riesgo de la desinversión en infraestructura.

El primer ítem que desde la AJB venimos discutiendo con el sector patronal es el de la infraestructura, es decir, en que condiciones están los lugares donde desempeñamos nuestras tareas. ¿A qué se debe este notorio deterioro de los edificios? Este punto no es nuevo, podemos remontarnos hasta la Ley provincial 13.795 del 2007 donde se declara la “Emergencia Edilicia en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”. Esta norma no ha servido más que para la presentación de algún proyecto que nunca se hizo realidad. Sin embargo, hasta la fecha ha sido extendida por cada gobierno que le toco ser administrador del Estado. Así las cosas, según los datos que publica la Suprema Corte, -no realiza la misma tarea la Procuración General- en el año 2019 el presupuesto destinado a infraestructura en el rubro “Mantenimiento y reparación de edificios y locales” era de un 0, 07% mientras que en el año 2006 por el mismo concepto se destinaba un 1,36%. Queda a la vista entonces que la falta de espacios físicos en las oficinas, de calefacción o refrigeración, la caída de techos, etc. no son simples coincidencias y forman parte de la desidia que el sector patronal muestra ante sus trabajadorxs (http://www.laplataajb.com.ar/2020/06/09/ajb-la-plata-trabajadores-y-trabajadoras-en-riesgo/). Pareciera que esto no fue suficiente y durante el año pasado se sub ejecuto un 85% de lo presupuestado para “construcciones”, esto significa que se consolidaron las pésimas condiciones estructurales de nuestras oficinas. Pasando en limpio, de un 6,77% del presupuesto para nuevas dependencias, se materializo únicamente un 1, 2%.

Crece la demanda y los ritmos de trabajo, el personal sigue siendo el mismo.

Otro punto que marca el deterioro de la labor judicial la cantidad es el personal destinado a esos fines. Aquí debemos realizar un análisis de los datos que requiere diversas consideraciones. Lo primero que hay que mencionar es que en los últimos diez años el personal se incrementó alrededor de un 35% siendo así el sector del estado que más creció, aún teniendo en cuenta que en el período comprendido entre 2016 y 2019 la creación de nuevos cargos se encuentra virtualmente congelada. Esta estadística que parece alentadora choca de frente si la cruzamos con algunos números de los fueros que más relación tienen con dar respuesta a la necesidad de sectores populares.

Pero, ¿cómo siendo el sector que del Estado que más creció se sigue reclamando por incorporación de personal? La respuesta es el incremento de los ritmos de trabajo. Solamente en la departamental La Plata, el fuero de familia ha incrementado entre el 2015 y el 2018 un 32% la cantidad de causas mientras que el nombramiento de personal sólo ha ascendido a un 14%. Esto ha significado que de 25.417 expedientes iniciados en el departamento judicial durante el 2018 (representa el 9 % del total provincial) sean asignadas 3.631 por cada juez/a y 128 causas por cada agente judicial. En el caso de causas protectorias por violencia familiar, la información más reciente indica que: 13.103 causas fueron ingresadas por los juzgados de familia y 6125 por los juzgados de paz, un 9% y un 8% más con respecto al año anterior. Si bien es cierto que durante el 2019 se han puesto en funcionamiento dos dependencias del fuero, poco o nada han logrado mitigar la sobre carga de trabajo. El otro fuero que tomamos como ejemplo por sus números es el laboral. Durante el 2017, producto de la modificación que sufre la Ley de ART durante el 2016, las causas se incrementaron en un 33,5% lo que se tradujo en 12.790 causas iniciadas durante ese mismo año (14% del total provincial) implicando un promedio de 107 expedientes por cada agente. En el período que va del 2013 al 2017 el incremento de causas fue de un 123% mientras que el personal lo hizo en un 14,7%.

La densidad de los números descriptos en los fuero de familia y laboral no hacen más que evidenciar la sobrecarga de tareas que soportan lxs trabajadorxs de esos organismos. Cuando decimos que son lugares sensibles del Poder Judicial hacemos referencia a que estos organismos son a los cuales las personas que atraviesan problemáticas relacionadas con violencias de géneros, guardas o despidos acuden en búsqueda de respuestas de “La Justicia”. Es irrisorio pensar que con esta estructura se pueda dar la solución correspondiente y adecuada a quienes recurren atravesadxs por algunas de las problemáticas descriptas. Hasta el 2019 existían 158 organismos creados por Ley, lo que representa un total aproximado de 2.700 vacantes. La puesta en funcionamiento de éstos traería, no solamente aire a la carga laboral, sino también un debido acceso a la Justicia a toda la población (http://www.laplataajb.com.ar/2020/08/25/no-hay-justicia-sin-condiciones-de-trabajo-dignas).

Salarios elevados, mito o realidad.

Por último y no menos importante, es preciso hablar del salario. Durante los últimos años la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs judiciales se ubicó en torno al 26%, lo que representa un cuarto de salario. Es preciso aclarar que dichas remuneraciones lejos están de las que perciben los cargos más altos del Poder Judicial y de las cuales se toman para indicar que los sueldos son altos. Hoy un/a ingresante al Poder Judicial tiene un salario incial (básico más bonificación) de $29.811, muy lejos de los $44.521 que según el INDEC necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre en la Argentina.
Pésimas condiciones edilicias en los lugares donde desempeñamos nuestra labor, sobre carga de tareas y un salario en franco deterioro son solamente tres ejes que hemos intentado desarrollar en este texto. Aunque resulta imposible cuantificar el estrés que producen las condiciones arriba descriptas estos datos muestran por si solos que lxs trabajadorxs del Poder Judicial lejos estamos de los privilegios que muchas veces nos endilgan. Por esto es preciso que nos sigamos organizando para dar una pelea que, atravesada por la pandemia, no será sencilla. La mejor defensa y conquista de derechos siempre se logra a través de las construcciones colectivas y esto significa incluir a todos los sectores de la sociedad en busca de una Justicia por y para el pueblo.

NdR: Los datos enumerados en este artículo son proporcionados por el C.I.y.F. de la AJB-

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