Lo que no dicen los números, lo que esconden las Resoluciones

Durante las últimas semanas fuimos testigxs de una serie de publicaciones por sectores cercanos a los poderes de turno sin el más mínimo intento de problematización de números estadísticos, números que, no solamente no reflejan la realidad sino que, sin un espíritu crítico lejos están de representar el verdadero interés de lxs trabajadorxs. Sabemos que el Poder Judicial se sostiene gracias al compromiso de cada compañerx en sus respectivas dependencias y por eso exigimos que se garanticen las medidas necesarias para el cumplimiento de esas tareas.

Desde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se han dado a conocer estadísticas como el número de sentencias que se dictaron durante la pandemia o la cantidad de profesionales del derecho con certificación para realizar presentaciones electrónicas. Con ello se intenta mostrar a la sociedad en general que “la Justicia” funciona durante el A.S.P.O. La estrategia del sector patronal no es nueva. En el marco del proyecto de Justicia 2020 se han producido una serie de publicaciones que desde la simple lectura de los números parecen ser beneficiosos. Pero qué dicen de las condiciones de trabajo en la que lxs trabajadorxs debemos llevar adelante nuestra tarea? Sabrá la Corte que mediante la recepción de presentaciones electrónicas de manera irrestricta, sin horario fijo, la organización del trabajo se ha modificado notoriamente desdibujando la jornada laboral? Estas situaciones que preceden a la pandemia son sistemáticamente denunciadas desde la AJB en cada ámbito que participamos. Pero el Covid19 apuró los tiempos de la presunta modernización de tribunales haciendo otra vez, que el sostenimiento de un derecho elemental como el acceso a la justicia, sea responsabilidad pura y exclusiva de lxs trabajadorxs. Lxs derechos adquiridos según normas nacionales e internacionales no están suspendidas por la cuarentena y debe ser el sector patronal quién garantice las condiciones y los elementos con los cuales desempeñamos nuestra labor.

La Acordada 5/20 y la reciente publicación de una “Guía de Orientación para el aislamiento y seguimiento de casos en el ámbito laboral” o la Resolución 1.003/20  son muestra claras del desinterés que muestran desde la cabeza del Poder Judicial hacia sus empleadxs y fucionarixs. En momentos donde hay un constante crecimiento de contagios no existe una reglamentación clara que tenga como prioridad el cuidado de la salud. La prevención, según indican desde el Ministerio de Salud en sus distintos estratos, es fundamental para evitar la propagación del virus. Pero parece que esto no es tenido en cuenta por las autoridades judiciales que emiten resoluciones con la liviandad suficiente para que se empiece a producir una apertura de hecho. El aislamiento ante casos sospechosos, la desinfección exhaustiva de oficinas ante casos confirmados, el cierre de oficinas o la provisión necesaria de los elementos de bioseguridad son lagunas presentes en las normativas emitidas que contienen un alto grado de peligrosidad para todxs.

Nada de lo relatado es desconocido por el cuerpo de Magistradxs. Pero, pese a ello los intentos y presiones por ampliar la convocatoria al trabajo presencial y el incumplimiento de las normas de bioseguridad que ponen en riesgo la salud de lxs trabajadorxs, se hacen presentes con una cotidianidad preocupante. Un claro ejemplo de ello es que, contando lxs mismxs con la facultad que les otorga el deficiente Protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de, ante la falta de condiciones sanitarias en las dependencias a su cargo, ordenar el cierre de la misma y solicitar la suspensión de términos hasta que las mismas se cumplan, ningunx ha denunciado tal circunstancia.

Este mismo sector, alcanza un promedio salarial de $ 280.000 pesos cuando el salario inicial es de $ 29.811, concentrando el 21% de la masa salarial destinada a estos fines en el Poder Judicial. Claramente con estos números el deterioro del salario y de condiciones de vida no impacta de la misma manera para un/a Magistradx que para los sueldos de lxs trabajadores. Además hay que mencionar que están exentos del impuesto a los altos ingresos, que cuentan entre sus haberes con el reconocimiento de los años de antigüedad desde el momento de su matriculación, cuando a lxs empleadxs y funcionarixs no se nos reconoce la misma por actividad previa desarrollada en el ámbito privado u organismos dependientes del Estado Nacional. Sumado a esto a que la perciben al 3% en su totalidad, otro privilegio del que gozan, ya que no pasa lo mismo con el resto de quienes integramos el Poder Judicial quienes sufrimos el recorte de la misma entre los años 1996 y 2005. Con todas estas omisiones son quienes  hoy intentan con un tenue comunicado mostrar su “preocupación” ante el deterioro del salario, de manera descarada intentan transmitirle a la sociedad que son únicamente ellxs quienes sostienen el funcionamiento de tribunales, bastando una simple recorrida por los pasillos de los edificios para advertir que la realidad indica otra cosa.

Un texto aparte merece la actitud del Procurador Julio Conte Grand, pero con mencionar que ni siquiera ha recepcionado los reclamos de la AJB mostrando un total desprecio por la voz de lxs trabajadorxs alcanzaría para esta oportunidad. La negativa sistemática a discutir un convenio de teletrabajo es una clara muestra de la poca disposición a resolver problemáticas que sin dudas se presentan con esta nueva normalidad.

Sigue siendo el sindicato el único representante del interés de lxs trabajadores del sector judicial, no sólo en los hechos si no como así lo establece la personería gremial, abarcando desde la categoría de ingresante hasta el cargo de Secretarix de Cámara.  Es por eso que como lo venimos haciendo, continuamos reclamando y exigiendo, tanto a la Suprema Corte, la Procuración General y al Poder Ejecutivo que se garanticen las condiciones laborales óptimas para el acceso a la justicia de la población. Seguiremos denunciando cada intento de avasallamiento de derechos porque consideramos que difícilmente se pueda hablar de “Justicia” si no se respetan los derechos más básicos y elementales de lxs empleadxs y funcionarixs del Poder Judicial.

 

 

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